lunes 25 de mayo de 2020 - Edición Nº537

Información General | 27 abr 2020

Tras el fusilamiento de un preso

Coronavirus: responsabilizan al gobierno por las protestas violentas en cárceles

La Comisión Provincial por la Memoria, que ya venía denunciando el hacinamiento y reclamando medidas para evitar el contagio, dijo que el Servicio Penitenciario Bonaerense es responsable por los motines.


Por:
Sebastián Lalaurette

Tras el fusilamiento de Federico Rey, un preso alojado en una cárcel de Florencio Varela, durante un motín en protesta por la falta de medidas sanitarias contra el contagio de COVID-19, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) responsabilizó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), por los episodios violentos registrados en cárceles de la provincia. 

La Comisión, que ya venía denunciando el hacinamiento en las prisiones bonaerenses y reclamando medidas más decisivas para evitar la propagación del coronavirus SARS-COV-2 en los lugares de encierro, emitió hoy un comunicado en el que deplora el bajo alcance de las decisiones oficiales tomadas en ese sentido y afirma que los motines violentos son responsabilidad del SPB por no garantizar las condiciones sanitarias en el contexto de la pandemia. Además señaló que las protestas por este tema en las prisiones en general han sido pacíficas. 

En las prisiones bonaerenses, debido a que están sobrepobladas, “no se puede cumplir ni con el distanciamiento social ni con la higiene personal o ambiental básica”, afirmó la entidad. Y si bien en nuestra provincia se han tomado algunas medidas para descomprimir la superpoblación carcelaria, “esta merma hoy no supera un escaso 5 % del total, mientras la sobrepoblación en algunas unidades asciende al 200%, el triple del cupo”, denunció la entidad.

“En los pabellones colectivos que esta semana protestaron en la Unidad 23 de Florencio Varela, hay capacidad para 35 personas pero alojan a 140. Las medidas básicas para la prevención de la pandemia son inexistentes e impracticables: menos de medio metro cuadrado ocupado por persona, con cuatro canillas de agua para todos, sin jabones ni alcohol en gel o barbijos”, afirmó la CPM en su comunicado. 

La Unidad 23 es la cárcel donde el interno Federico Rey fue fusilado con balas de plomo, durante una protesta que se tornó violenta. Para la Comisión, “la responsabilidad debe buscarse en un servicio penitenciario que eligió reprimir y no dialogar”. En otras cárceles, los reclamos de mayores medidas sanitarias para evitar la difusión del coronavirus generaron protestas y huelgas de hambre que, según señaló la CPM, “en la mayoría de los casos han sido pacíficas, y gran parte de las peticiones se están tramitando en mesas de diálogo en cada una de las unidades penitenciarias”. 

“Reducir los riesgos de contagio y difusión del virus dentro de las cárceles es una cuestión de salud pública que involucra a toda la sociedad. Aun los que desprecian la vida de las personas privadas de su libertad por `delincuentes indeseables' y declaman su muerte, deberían comprender que si el virus ingresa en estos ámbitos colapsarán todos los servicios de salud y no tendrán capacidad para atender a ellos ni a nadie”, se explayó la Comisión en su comunicado. “Es por ello que sostenemos que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo deben tomar decisiones urgentes para preservar la vida de las personas privadas de libertad, entre ellas, disminuir la población encarcelada. Esto de ningún modo vulnera ni el orden social ni la ley, todo lo contrario, pone a derecho situaciones que se han apartado de los mandamientos constitucionales. Hoy la prioridad es salvar vidas.”

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