miércoles 13 de noviembre de 2019 - Edición Nº343

Política | 10 oct 2019

Por violar los DDHH

Impugnan el nombramiento de Francisco Pont Vergés como juez de Casación Penal

Su designación podría naufragar si la justica hace lugar a la presentación de una medida cautelar por parte de una ONG


La ONG Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS LPBE) presentó en los tribunales bonaerenses una acción judicial contra la designación como juez del Tribunal de Casación Penal de la provincia del actual secretario de Política Criminal de la Procuración, Francisco Pont Vergés.

La demanda presentada busca reclamar a la Justicia devolver el pliego al Poder Ejecutivo para que la gobernadora lo rectifique, luego de las denuncias por violación a los derechos humanos presentadas contra el funcionario de la Procuración bonaerense. Y, en caso de que la gobernadora decida ratificar el pliego, solicita que la Justicia determine si Pont Vergés aún cumple los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo de juez.

El texto argumenta que los hechos y denuncias violan el artículo 175 de la Constitución provincial y 28 de la Ley 11.868, donde se obliga a quienes sean propuestos como magistrados tener solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.

En ese sentido, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Comisión provincial por la Memoria denunciaron ante el presidente del Senado bonaerense, Daniel Salvador, que Pont Vergés persiguió al actual Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, iniciando contra este último un sumario administrativo y una denuncia penal.  Cabe destacar que a Coriolano, investigaba al Servicio Penitenciario bonaerense por torturas y falta de asistencia médica a una mujer trans.

En paralelo el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari; ordenó una serie de medidas tendiente a que todos los involucrados en el caso –el SPB, la Procuración-, se abstengan de obstaculizar la tarea de los organismos de Derechos Humanos como la CPM y el Comité contra la Tortura. Y pidió al procurador Conte Grand detalles respecto de las denuncias iniciadas contra el Servicio Penitenciario por las torturas.

En la demanda AJUS LPBE especifica que la denuncia contra Pont Vergés ocurrió luego de que Vidal enviara su pliego al Senado. Por ello, los abogados de la ONG reclaman a la Justicia que el pliego retorne a la mandataria, quien a la luz de los nuevos hechos deberá desistir del trámite o insistir con su tratamiento.

Si la gobernadora optase por el último camino, la demanda pide que el Tribunal “dé certeza respecto del cumplimiento del Dr. Francisco Pont Vergés de las condiciones de habilidad que establece la Constitución y legislación provincial para ocupar el cargo de Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires”.

El pliego de Pont Vergés está a consideración en el Senado bonaerense junto a los expedientes de otros 41 nuevos funcionarios judiciales, cuya aprobación por mayoría simple de la Coalición Cambiemos y con la negativa del conjunto de la oposición podría avanzar en los próximos días.

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