sábado 21 de septiembre de 2019 - Edición Nº290

Política | 2 sep 2019

Amarilla para Conte Grand y Ferrari

La Corte ordenó no obstaculizar una investigación de tortura

Es por tormentos sufridos por una mujer trans encarcelada. La Comisión por la Memoria denuncia que el Ministerio Público hostiga a los defensores de los Derechos Humanos.


La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó al Procurador General y funcionarios judiciales que se tomen las medidas necesarias para garantizar la atención médica de Mónica Mego, la mujer trans que quedó parapléjica en la cárcel por responsabilidad del servicio penitenciario bonaerense y pidió que se avance en la instrucción que investiga las torturas que la rea padeciera.

Por estos padecimientos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había denunciado que su situación fue resultado de la desatención de la salud en la cárcel y llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Tribunal Supremo advirtió a las autoridades del ministerio de justicia a cargo de Gustavo Ferrari, que se abstengan de realizar acciones que puedan obstaculizar el trabajo de defensores de los derechos humanos, justamente por denunciar y perseguir al Defensor de Casación provincial, el doctor Mario Coriolano,  por su actuación en este caso.

Según el comunicado dado a conocer por la CPM, Mónica Mego reclamó asistencia médica durante seis meses, y el Servicio Penitenciario Bonaerense desoyó esos pedidos. Para cuando la trasladaron al hospital San Martín de La Plata ya era tarde, la operaron de un absceso epidural en la médula: quedó parapléjica y sin control de esfínteres por el resto de su vida. Los médicos del nosocomio dijeron que el estado irreversible de su salud podría haberse evitado si se trataba a tiempo.

Mónica es mujer trans, peruana, tiene 36 años y, actualmente, está internada en el San Juan de Dios, cuyo caso llegó, a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, desde donde se requirió a las autoridades judiciales intervinientes que se tomen las medidas necesarias para garantizar el tratamiento médico que el estado de salud de la mujer requiere y para avanzar en la instrucción que investiga las torturas y malos tratos sufridos por Mónica en el encierro.

La resolución de la Corte bonaerense —con la firma de su presidente, Eduardo de Lázzari— fue en respuesta a una presentación realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Diócesis de Quilmes.

Además de la grave situación de Mego, los tres organismos denunciaron otro hecho grave: el intento de las autoridades penitenciarias dependientes del Ministerio de Justicia, por obstaculizar la labor del Defensor de Casación Penal, Mario Coriolano, integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que fue a entrevistarse con Mónica Mego.

Desde la CPM aseguran que a raíz de este acto, el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses, denunció esto ante la Procuración General y está lo denunció penalmente e inicio una causa administrativa contra el funcionario del Ministerio Público. Ambas presentaciones se basaban en meras formalidades, como la falta de autorización para realizar la entrevista o la presencia en la misma de una periodista de un medio nacional.

Llamativamente, no se preocupó por la nula investigación de las torturas padecidas por Mónica Mego y sobre este punto, la Corte bonaerense instó y encomendó que todas las autoridades intervinientes en el caso “se abstengan de llevar a cabo acciones que pudieran implicar un obstáculo a [o un amedrentamiento de] la labor de toda persona que actúa en el presente caso en el rol de defensora de los derechos humanos”.

 

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