sábado 21 de septiembre de 2019 - Edición Nº290

Política | 16 ago 2019

En el centro de la ciudad

Denuncian “racismo” por los operativos contra manteros senegaleses

En una charla conjunta, representantes de esa comunidad, investigadores y activistas por los derechos humanos llamaron ayer a “visibilizar” la violencia institucional sobre los inmigrantes africanos afincados en La Plata. Y lamentaron su “estigmatización mediática”.


Por:
Sebastián Lalaurette

Ya es una escena conocida para los platenses que suelen circular por el centro de la ciudad: Los vendedores senegaleses están instalados sobre la vereda de avenida 7, entre bares, bancos y edificios universitarios, cuando de repente corre la voz: ¡a levantar todo, llega la policía! Y los manteros recogen toda su mercadería en cuestión de segundos, intentando evitar una requisa o incluso una detención. Llega, efectivamente, la policía: nunca menos de cinco o seis uniformados, a veces varios patrulleros. Y se produce el conflicto. Un vendedor es sorprendido y rodeado; empiezan a llegar sus compatriotas, discuten agriamente con los policías, quienes son blanco también de las protestas de otros transeúntes. La gente filma y saca fotos mientras increpa: “¡Vayan a buscar a los que roban, no a los que trabajan!”

Más o menos así ocurre cada vez, y el fenómeno no cesa. Hay unos doscientos inmigrantes senegaleses viviendo en La Plata, casi todos hombres, casi todos vendedores de pequeñas prendas y accesorios de todo tipo. Viven y trabajan entre nosotros, pero siempre en conflicto. La ley registra su presencia ambiguamente, como algo a la vez aceptable y reprochable; por debajo campean las reglas no escritas, las del prejuicio. 

Esta problemática fue el centro de una charla que tuvo lugar anoche en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), también en el centro de esta ciudad, pero del otro lado de la Plaza San Martín, también escenario de conflictos por la venta ilegal. Miembros de la CPM, estudiosos de la situación de los migrantes y, por supuesto, miembros de la comunidad afectada tomaron el micrófono para abordar el problema desde sus diversas perspectivas.

Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, dijo que, aunque los avances en la legislación migratoria argentina en las últimas décadas “son notables”, ya desde los años finales del gobierno anterior “se viene ligando al migrante con el delito”, lo que queda expresado explícitamente en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2017 del presidente Mauricio Macri, que inscribe la inmigración en la “doctrina de las nuevas amenazas” elaborada por los Estados Unidos. Así, “se asocia la migración con el narcotráfico y el terrorismo, creando nuevos enemigos”, dijo.

Pomares afirmó que en los últimos tiempos, específicamente en La Plata, lo que, en su opinión, se produce un intento de “borrar del escenario público la economía de subsistencia”. Dio como ejemplo de esta tendencia el desalojo y “militarización” de Plaza San Martín, donde se había instalado una gran feria americana que “explicitaba claramente una realidad de pobreza extrema” ya que quienes se habían instalado allí no eran los pobres de siempre sino “gente que se había `caído' del sistema y estaba vendiendo lo que tenía para poder subsistir ante la ausencia de trabajo y ahorros”. 

En este contexto, “se ha notado un incremento exponencial de violencia hacia el colectivo senegalés”, dijo Pomares, y se han multiplicado los operativos policiales y de Control Urbano municipal para el desalojo y requisa de mercaderías de los migrantes de ese colectivo.


“No somos ilegales”

Uno de ellos es Cheikh Gueye, que, tras pasar seis años en España, recaló en la Argentina en busca de oportunidades para ganarse la vida y poder ayudar a su familia en África. Ahora con cuarenta años y uno de los pocos afortunados que lograron obtener el DNI argentino, Gueye se ocupó de disipar algunos mitos sobre la comunidad senegalesa que campean entre los platenses (y, en general, los argentinos). 

“Nosotros no venimos escapando de la guerra ni del hambre. En nuestro país no hay ninguna de las dos cosas. Lo único que nos impulsa es la necesidad económica, porque lo que podemos ganar en Senegal no nos alcanza para mantener a toda una familia. Y no crean que estamos muy a gusto en la Argentina, aunque acá la gente nos trata muy bien y nos quiere un montón: cada vez que hay un operativo, nos defiende”, dijo Gueye. Sin embargo, dijo que hay en el país “una política anti-inmigrante” que los hace sentirse rechazados. 

Otra especulación recurrente que el senegalés quiso refutar es la de que existiría una mafia detrás de los vendedores ambulantes de esa nacionalidad: “Eso no es verdad. Nosotros trabajamos independientemente, cada uno por su cuenta”, explicó. Y apuntó contra la denominación de “ilegales” que se les suele aplicar. “No somos ilegales. Somos legales”, enfatizó.

En el mismo sentido se expresó Damián Bruner, miembro del colectivo de abogados populares La Ciega. “Venimos deconstruyendo la idea de que `son ilegales'. Las personas no pueden ser ilegales, en todo caso pueden tener algún conflicto con la ley. Y la irregularidad migratoria no es un delito, sino una falta administrativa”, insistió. 

Brumer denunció el carácter “racista, discriminatorio y xenófobo” de las políticas migratorias, especialmente desde 2017, cuando el DNU 70 de Macri modificó la legislación correspondiente; y en la ciudad, desde el 22 de julio último, cuando, por una orden de servicio, se dispuso evitar la instalación de puestos ambulantes en toda la zona abarcada por las calles 7 y 8 y sus perpendiculares 45 y 53. Exactamente la zona donde suelen instalarse los manteros africanos.

Desde entonces, los incidentes se multiplicaron. “Hay requisas arbitrarias, incluso cuando no están en situación de venta: los paran y les sacan los bolsos igual”, dijo Brumer. “Hace pocos días les tiraron gas pimienta.”

Pero no era la primera vez que el pesado brazo policial caía sobre ellos. “Lo que viene sucediendo en las últimas semanas no es algo aislado, aunque haya tenido un pico ahora. Es algo que ya venía sucediendo desde fines de la gestión anterior”, detalló el abogado. Y hace algo más de un año, en julio de 2018, dos personas, una senegalesa y una argentina, fueron detenidas en un operativo sobre calle 7. El senegalés era un vendedor ambulante y el argentino, un trabajador no docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que se solidarizó con él, dijo Brumer.

En general, para el abogado de La Ciega, el esquema está claro: las actas contravencionales se labran casi exclusivamente contra vendedores ambulantes de procedencia africana, lo que, para él, expresa un sesgo “racista” en la aplicación de las normas contra la venta ilegal. Y las actas contra nativos argentinos son contra “aquellos que se solidarizaron”, abundó.

Para Isaac Quispe, integrante de la Coordinadora Migrante, el rol de los prejuicios en este tema está claro. “En un desalojo de manteros que se hizo en Plaza Italia participaron policías de Narcóticos. Se asocia al inmigrante con actividades mafiosas y delictivas sin que venga a cuento”, dijo. “Los manteros senegaleses vienen de una opresión que pesa sobre todo el continente africano y aquí son encuadrados por un DNU que vulnera sus derechos. Nosotros apuntamos a lograr la derogación de ese decreto.”

Cheikh Gueye cree que es tarea del periodismo “visibilizar” el estado de conflicto en que viven los que, como él, llegaron a la Argentina desde Senegal en busca de un modo de subsistencia para sí mismos y para sus familias. Siente que los medios no están respondiendo a ese reclamo. Quizás por eso el comunicado en que la CPM anunció la charla de ayer habla de una “estigmatización mediática” de los inmigrantes senegaleses.

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