domingo 21 de julio de 2019 - Edición Nº228

Política | 29 ene 2019

Impulsan un proyecto que impugne a los candidatos que tengan condenas penales

El proyecto del Renovador Ricardo Lissalde evitaría que puedan presentarse en las Paso y las Generales aquellas personas que tengan causas de corrupción, enriquecimiento ilícito y crímenes contra los derechos humanos, entre otros, que quedarían temporalmente inhabilitadas hasta que su pena se extinga.


Por:
Elecciones 2019

La Cámara baja bonaerense tiene en estudio un proyecto de ley impulsado por el diputado del Frente Renovador, Ricardo Lissalde, que busca establecer condiciones para la elección de los candidatos a ocupar cargos públicos provinciales y partidarios.

La iniciativa de “Boleta Limpia” promueve que cualquier persona que esté condenada con sentencia firme no podrá presentarse en ninguna lista hasta que no se resuelva su situación procesal. Por ese motivo no podrán ser precandidatos en elecciones a cargos públicos electivos provinciales aquellas personas que estén condenadas, con fallo en segunda instancia, por delitos como enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, corrupción, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, entre otros. Estas personas tampoco podrán ocupar cargos en las conducciones de los partidos políticos

Para poder llevar a cabo esto, se deberán modificar la Ley de Elecciones Primarias, Abiertas y simultáneas (PASO) y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, para adaptarlas a los requisitos que se proponen desde el Frente Renovador.

“El tema de la corrupción es uno de los problemas más graves que enfrentan las sociedades modernas, enquistado en todos sus niveles, tanto en los ámbitos gubernamentales como civiles -entendida como el “abuso de poder para beneficio propio”, la corrupción provoca serios perjuicios en nuestras sociedades” sostienen Lissalde en los argumentos del proyecto.

El articulado también propone adaptar la normativa provincial a la nacional por lo que también se excluyen de poder presentarse como candidatos a cargos electivos a las personas que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, magistrados y funcionarios del poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales y los que desempeñaren cargos directivos o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincia de Buenos Aires, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.

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