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lunes 19 de noviembre de 2018 - Edición Nº2367
Política

Cuestionan la reforma procesal penal propuesta por Vidal

17 abr - Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales aseguran que “no se protege a las víctimas reduciendo el poder del jurado” y afirman que se los cambios desalientan la realización de este tipo de juicios

Las voces disonantes a la Reforma Judicial propuesta la semana pasada por la mandataria bonaerense ya empezaron a hacerse oír por los pasillos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y por los de las Cámaras, donde algunos legisladores ya están tomando apuntes de los reclamos que el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) hace puntualmente sobre los cambios propuestos en relación al Juicio por Jurados.

Según este organismo, “el anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal de reforma integral del Código Procesal Penal no resuelve los problemas que aquejan al sistema de justicia penal bonaerense, y contrariamente a lo esperado, atenta directamente contra la única institución que ha mejorado la administración de la justicia penal, que es objeto de admiración en otros países y que ostenta un desempeño ejemplar tras 200 juicios y tres años de práctica: el Juicio por Jurados”.

Desde un comunicado aseguran que “no había manera alguna de presentar esta reforma que carece de lógica, de fundamentos constitucionales y es contraria al anteproyecto elaborado por la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal, convocada por el propio Poder Ejecutivo provincial el año pasado. Dicha Comisión acordó no modificar en absoluto al juicio por jurados y el sistema recursivo”.

Desde el Inecip cuestionan la iniciativa que ya están estudiando los legisladores y afirman que la modificación de aspectos centrales del jurado bonaerense no parte de un diagnóstico del funcionamiento de este sistema, disparando contra los funcionarios vidalistas al remarcar que “el gobierno provincial jamás se preocupó por producir información que permita su evaluación. Más grave aún, ha sido deliberadamente inoperante, perjudicando su buen desarrollo”.

En ese sentido, hacen una crítica puntual sobre la inversión de una regla central de este tipo de juicios, que el proyecto de la gobernadora propone. La legislación vigente establece que los juicios criminales son ante jurados populares, salvo que el imputado renuncie expresamente a ese derecho. Y según indican desde el Inecip “que la ley ordene que el acusado deba optar expresamente por un juicio por jurados, invirtiendo la lógica de principio y excepción, es desalentar su realización”.

También hacen hincapié en otra modificación en el cambio de las reglas de mayoría. Hoy, según la ley, se necesitan 10 de 12 jurados para la mayoría de los casos, y unanimidad para condenas con penas perpetuas. La reforma reduce esas reglas a 9 de 12 y 10 de 12 respectivamente, eliminando la exigencia de la unanimidad para los casos más graves.

Por último se refieren a “la destrucción de la audiencia de selección de jurados (voir dire), clave para lograr la imparcialidad. Eliminar las recusaciones sin causa (entre ellas, las cuatro asignadas a la ¡víctima!), es un sinsentido que afecta una de las bases de la legitimación social del jurado y a su vez de los veredictos”.

Además cuestionan la justificación de estos cambios en la reivindicación de los derechos de las víctimas, y califican esto como “un acto de demagogia inaceptable” porque remarcan que “no se protege a la víctima limitando la participación de la ciudadanía en la administración de justicia, ni devolviendo a los jueces el poder que han tenido. Los jurados son los pares de la víctima. Si un juez puede revocar la decisión de doce jurados que representan al pueblo, es porque en definitiva lo que se está cuestionando es el valor de esos doce ciudadanos”.

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